“Palantir es como una caja negra”: la advertencia de Amnistía sobre la empresa de Peter Thiel, la cibervigilancia y las violaciones de derechos humanos
Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, el Estado argentino amplió sus capacidades para vigilar espacios públicos y digitales mediante reconocimiento facial, análisis de redes sociales, drones, cámaras y herramientas capaces de procesar grandes volúmenes de datos. Esa es la principal conclusión de Estado de vigilancia, una nueva investigación de Amnistía Internacional que analiza los primeros dos años del gobierno de Javier Milei y advierte sobre la falta de controles y mecanismos de rendición de cuentas.
En ese escenario apareció este año un componente que agregó (aún más) interrogantes: la visita a la Argentina de Peter Thiel, uno de los empresarios tecnológicos más influyentes de Estados Unidos y cofundador de Palantir, compañía de análisis de datos para gobiernos, fuerzas de seguridad y ejércitos cuestionada por organizaciones de derechos humanos.
Las tecnologías de vigilancia abarcan desde cámaras y sistemas biométricos hasta software capaz de recolectar y combinar información sobre individuos y grupos. Pueden identificar una cara, rastrear publicaciones de internet, reconstruir relaciones entre usuarios o buscar patrones en grandes bases de datos. Su despliegue crece de la mano de la inteligencia artificial y pone en juego derechos como la privacidad, la protección de datos y las libertades de expresión, reunión y asociación.
El fenómeno también puede leerse a través del “tecnosolucionismo”, concepto asociado al crítico tecnológico Evgeny Morozov: la tendencia a tratar problemas políticos, económicos o sociales complejos como si pudieran resolverse con mejores herramientas técnicas. "Para todo problema hay una app", como máxima de Silicon Valley, que encaja en la promesa de Palantir.
El informe de Amnistía señala que estas capacidades crecieron en paralelo con reformas en seguridad e inteligencia en Argentina. La vigilancia ya figuraba en la plataforma electoral de La Libertad Avanza, que proponía bases vinculadas con reconocimiento facial y mayor inversión tecnológica para las fuerzas. La investigación adopta un enfoque “sociotécnico”: analiza las herramientas junto con las normas que habilitan su uso, los organismos que reciben los datos, los proveedores y los controles existentes.
Amnistía revisó expedientes, órdenes de compra y pliegos técnicos, seleccionó once contrataciones nacionales y porteñas, realizó cuatro pedidos de acceso a la información y entrevistó a 21 periodistas, activistas, jóvenes, jubilados y defensores de derechos humanos. Parte de las respuestas oficiales fueron parciales y Seguridad invocó en algunos casos razones de seguridad nacional o secreto de inteligencia. La organización dice financiarse principalmente con aportes de miembros y donaciones.
